Un nuevo proceso en el SEA Coahuila
Por Patricia Vargas Bryan
Por fin fueron lanzadas las convocatorias pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Desde la renuncia de Manuel Gil Navarro como titular de la Secretaría Ejecutiva en noviembre del año pasado, en PC29 hemos esperado que los responsables de emitir esa convocatoria lo hicieran, para así dar marcha a un proceso de selección nuevo.
Además toca el turno de renovar la Comisión de Selección del Sistema, que se encarga de designar a los integrantes del CPC cada año.
El rol del Secretario Técnico es fundamental para el funcionamiento eficiente de todo el sistema. Sin embargo, la Comisión de Selección, cuyos puestos son honorarios, es decir, que no perciben remuneración por cumplir con su encargo, es una pieza clave del complejo engranaje, y ha sido el organismo responsable, en gran medida, de que el Sistema haya entregado lo paupérrimos resultados que han reportado hasta el momento.
El componente de participación ciudadana dentro del sistema está en esos cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Quien preside ese consejo está también a la cabeza del Comité Coordinador, una mesa a la que se sientan los titulares de todas las dependencias que integran al sistema. Para que esas instituciones logren coordinar acciones concretas en materia de fiscalización, investigación y castigo de casos de corrupción en nuestro estado, es indispensable que quien presida el comité conozca las reglas del juego y esté dispuesto a jugarlas con verdadera autonomía, decisión e inteligencia política.
Si los seleccionadores fueron designados con base en su cercanía al poder estatal, evidentemente así quedó también conformado ese primer CPC. Las siguientes designaciones han pasado de lo mismo a lo un poco menos peor, hasta llegar al año pasado en que el proceso fue más transparente y la designación de Miguel Crespo mucho más legítima a los ojos de las organizaciones que hemos seguido de cerca la evolución de ese elefante blanco de la administración pública nacional y local.
El sistema es costoso, lo hemos señalado al cansancio. Sin embargo, poco importarían la cantidad de recursos destinados si estuviera cumpliendo su función. Imaginemos cuántos recursos podríamos estar recuperando o cuántos atracos a las arcas públicas se estarían frenando, si cada quien en el SEA estuviera haciendo su trabajo.
Con o sin Alianza Anticorrupción, las organizaciones sociales de todo el estado seguimos vigilantes, en comunicación constante y sumando capacidades para señalar, participar y proponer transformaciones que consideramos necesarias para mejorar la administración pública en favor de todos los ciudadanos.
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