Parlamento interestatal metropolitano: la tarea pendiente de Coahuila y Durango

El parlamento interestatal metropolitano podría ser el camino para, finalmente, que La Laguna exista como una zona coordinada.

El pasado mes de noviembre, el Congreso de Coahuila aprobó la ley orgánica con la que se ampliaron las facultades de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas. Un año antes el Congreso de Durango también hizo lo propio. De esta manera, se ideó la creación de un parlamento interestatal metropolitano para promover, desde la raíz, un espacio de orden y desarrollo en la Zona Metropolitana de La Laguna.

A mes y medio de instalada la nueva legislatura en Coahuila y a punto de cerrar su trienio el símil en Durango, los poderes legislativos no se han sentado a crear y reformar diversas leyes para homologar la vida en la zona metropolitana de la laguna, es decir, en los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Gómez Palacio y Lerdo.

¿Qué es un parlamento interestatal metropolitano

El parlamento interestatal metropolitano es un mecanismo jurídico diseñado para facilitar la colaboración entre los congresos de estados que compartan áreas urbanas, en este caso, Coahuila y Durango.

El mecanismo fue propuesto por Renacer Lagunero, organización de la sociedad civil, fue aprobado primeramente en el estado de Durango y posteriormente en Coahuila.

A través del parlamento interestatal metropolitano, se buscan sentar las bases para homologar leyes que tienen relación con el qué hacer cotidiano de la Comarca Lagunera, tales como la movilidad a través de un sistema de transporte público interestatal, planeación urbana con perspectiva de cuenca, planeación urbana fiscal y financiera, tratamiento de aguas residuales, entre otras necesidades.

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Para que el parlamento interestatal metropolitano empiece a dar buenos resultados, las comisiones de asuntos metropolitanos de ambos Congresos deben diseñar un calendario de trabajo para abordar las principales problemáticas, legislar en torno a ellas y poner en práctica las nuevas propuestas que hagan de La Laguna una región más competitiva y cómoda para sus habitantes.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2023 del IMCO, La Laguna es la décima segunda zona metropolitana con más de un millón de habitantes dentro de un grupo de 17 regiones.

En los primeros lugares se encuentran Monterrey, Saltillo y Querétaro, mientras que en el fondo de la tabla están ubicados Cuernavaca, Puebla-Tlaxcala y Toluca.

El Índice de Competitividad Urbana se compone de 10 variables: derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de trabajo, economía, infraestructura, apertura internacional e innovación. En ninguna de las 10 materias La Laguna se colocó como la mejor de México.

¡Debemos hacerlo ya!

Miguel Ángel Ordaz

No valen los lamentos si el descuido consciente fue el origen de los hechos que resultaron del abandono de obligaciones, del ejercicio de nuestros derechos políticos y sociales, de la rapacidad de gobernantes y representaciones que tenemos, los convenios entre el poder político y el económico en la oscuridad, del despojo de nuestras garantías y órganos que las tutelan y protegen; en fin, la lista es grande y el interés por mejorar nuestras condiciones y calidad de vida no ha sido suficiente.

Es profundo y de mucho tiempo atrás el abandono de nuestros derechos y los abusos de los gobiernos. Los males generados por esta circunstancia, como el abuso de poder, la corrupción por acción u omisión, la impunidad, la tolerancia de la sociedad, las leyes a modo o con atajos deliberados y en círculo, de vuelta a recorrerlo.

Si desconocer nuestros derechos ha sido factor para que demos vuelta en círculo cada 3 y 6 años, desaparecerlos será el siguiente paso para que el presidencialismo autoritario (Juan Linz) que hemos tolerado durante décadas, se convierta en una verdadera dictadura, aun cuando se argumente que la transformación institucional y las reformas sean el motivo.

Lo caros e inservibles, y la eliminación de privilegios, son el pretexto, mientras que la corrupción y su atención a los intereses particulares la justificación. Lo cierto es que la existencia de órganos autónomos sean parte de los contrapesos necesarios contra el abuso de poder.

Amable lector, en PC 29 hemos impulsado la participación, sin embargo, para que ésta pueda ser efectiva, necesitamos conocer no solo nuestros derechos, sino además las obligaciones de quienes nos gobiernan y representan, debemos empoderarnos con información, conocimiento y sobre todo empezar a desacralizar palabras y precisar conceptos; por ello estimo pertinente comenzar por lo elemental y que por la temporada y la relación que tenemos con el órgano autónomo que tutela y garantiza nuestros derechos políticos, el Instituto Nacional Electoral; por ello aventuro un inicial ejercicio que permitirá retomar la naturaleza e importancia de lo básico.

Durante décadas hemos sido educados a través de los dichos e intereses de los políticos, es decir, de quienes a través de los partidos políticos nos gobiernan y nos representan. Muestra de ello es el hecho de que el primer mandatario, el presidente de la República, es la primera autoridad, lo que a partir de la repetición y a través de los informes de gobierno, esta idea toma carta de verdad y por lo tanto es aceptada, es decir nos educaron a entender que si éste manda, nosotros debemos obedecer, sin embargo, la cosa no debe ser entendida así, por lo que es necesario darle a las palabras el significado correcto.

Quien aspira a un cargo de elección popular – regidor, síndico, alcalde, gobernador, diputado, senador, presidente- llega a éste mediante nuestro voto; así, el voto se convierte en el instrumento que permite otorgar un mandato a quien ha sido votado y mediante él, se convierte en nuestro representante, en nuestro mandatario, es decir, quien debe obedecernos a través del mandato, y nosotros en el mandante, el que manda.

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Los partidos políticos son el medio para hacerse del mandato; son entidades de interés público, que reciben dinero público para su manutención que pagamos todos a través de los impuestos , son el instrumento de los políticos; el nuestro es el voto, la participación y aquí, como en otros casos, también el propósito central que es la búsqueda de una efectiva representación, se tuerce cuando durante más de 25 años nos dijeron que la democracia es ir a votar y punto; allí inicia y termina la democracia.

Considerar la importancia de la participación y promoverla es una buena forma de vincular a la ciudadanía con el derecho a votar; si le agregamos a ello el participar con conocimiento de causa, estaríamos dándole un valor fundamental, la estaríamos empoderando.

El empoderamiento es conocimiento; se puede partir de lo elemental, el derecho a votar implica obligaciones para quien ha sido votado, conocerlas será un gran paso.