Las decisiones que ponen en duda la autonomía del Sistema Anticorrupción en Coahuila

El pasado martes fue electa consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila Karla Samperio Flores: abogada y ex diputada panista, involucrada en un presunto caso de narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón y acusada de haber recibido su notaría en Ramos Arizpe a cambio de un favor político. Este tipo de decisiones ponen en duda la autonomía del SEA y aquí te explicamos por qué.

Días antes de su nombramiento, Karla Samperio habría sido sobrecalificada por la Comisión de Selección del Sistema que hace llamar ‘Anticorrupción’ en Coahuila, dándole hasta 9 puntos de diferencia sobre las demás competidoras y bajo estándares opacos de calificación. En este mismo espacio informativo lo hicimos saber una semana antes de que se tomara la decisión que hoy se considera otra decisión irregular del SEA.

Al respecto, la competidora que quedaría en un segundo lugar, Alejandra Barrueto Padilla, decidió señalar sobre las irregularidades que detectó en el proceso de selección de la nueva consejera del CPC.

Según denunció Barrueto Padilla al Heraldo de Saltillo, desde el inicio del proceso había una inclinación obvia hacia la candidata Karla Samperio Flores, quien, presuntamente, tiene una relación de amistad con uno de los integrantes de la comisión del SEA que selecciona la propuesta más «preparada».

La denuncia también señaló otra decisión de la Comisión de Selección, en la que un pasado consejero también habría sido cercano a este personaje que no se nombra en la publicación del Heraldo.

Asimismo, Alejandra Barrueto dijo haberse enterado de que ese integrante de la comisión es parte del partido político UDC, considerado un satélite del PRI en Coahuila, y que en las últimas elecciones para consejero y consejera, hubo una marcada preferencia por personas cercanas a este partido.

El único de los miembros que ha sido consejero del IEC, en 2006, fue el consejero Carlos Arredondo Sibaja, de acuerdo a la información pública que proporciona la misma comisión.

En aquél entonces (2006), Arredondo Sibaja fue señalado por la bancada panista por ser un consejero electoral «a modo», ya que pertenecía al partido UDC, presuntamente controlado por Humberto Moreira Valdés, de acuerdo a las alegaciones.

¿Sistema ‘Anticorrupción’ Autónomo?

La selección de Karla Samperio Flores podría representar un peligro para la autonomía que debiera caracterizar al CPC (y al SEA), órgano vertebral para que el Sistema Estatal Anticorrupción funcione como debe.

El Consejo de Participación Ciudadana es de mucha importancia para el SEA Coahuila porque de ahí surgen las propuestas que luego derivarán hacia el Comité Coordinador, donde se deben direccionar hacia cambios que combatan la corrupción en el estado.

Esta gran relevancia hace necesario que quienes participen en el CPC sean absolutamente autónomos del gobierno que pretenden revisar y señalar para prevenir la corrupción.

Lo cual provoca la duda, es ¿el sistema anticorrupción realmente autónomo?

En 2017 comienza a trabajar la primera generación del Consejo de Participación Ciudadana y siempre, cada miembro, hombre o mujer, trabajó después de su rol como consejero ciudadano en alguna área de gobierno.

Hagamos el recuento: el primer consejero que dejó el CPC fue José Gil Navarro, quien hoy es secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

La segunda consejera que salió del CPC desde su fundación es Ana Yuri Solís Gaona, quien fue directora de planeación del de la Secretaría del Trabajo en 2013 y actualmente, después de su cargo como consejera, es coordinadora de vinculación de empresas en la Secretaría de Economía estatal.

Luego de Ana Yuri, en 2020, salió la consejera María de Lourdes de Koster López, quien ahora es la presidenta del Comité de Ética e Integridad de la Auditoría de Superior del Estado de Coahuila.

El último en dejar el consejo fue Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, el actual director de Obras Públicas en el municipio de Torreón.

El hecho de que todos y todas ellas encontraron trabajo en una institución pública después de haber sido consejeros en el CPC indica que quienes participaron en este órgano presuntamente ciudadano han demostrado haber tenido un interés en ser funcionarios, vulnerando la autonomía del consejo.