SEA Coahuila y la conformación mañosa de sus órganos ciudadanos
Por Patricia Vargas Bryan
En el año 2016 vimos el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño y conformación fue producto, en gran medida, del trabajo de grupos ciudadanos que aportaron sus experiencias en torno al problema de corrupción sistemática en distintas instituciones a nivel federal y en los gobiernos locales.
Se trata de un engranaje de coordinación entre autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales que pretende articular acciones para la prevención, investigación y castigo de posibles actos de corrupción. Las leyes que se modificaron y promulgaron para hacer posible este nuevo esquema institucional tuvieron su mejor expresión, como muchas otras, en las consolidadas a nivel federal; sin embargo, los plazos y la falta de voluntad y/o capacidades en los congresos locales dieron como resultado casos como el de Coahuila, en el que se aprobaron en una sesión exprés en el Congreso, a puerta cerrada, y a altas horas de la noche.
Presionados por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que ya se reunía en torno a este tema a lo largo y ancho del estado, una legislatura con mayoría priísta, aprobó un paquete en el que hubo poca reflexión sobre las condiciones de la entidad que podrían posibilitar o dificultar la implementación del sistema local con eficiencia y eficacia.
Así, comenzaron de inmediato a conformarse los órganos que son la base del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción). Aquellos que le dan sustento a la coordinación de las instituciones son los que están integrados, según las leyes, por ciudadanos sin partido ni intereses políticos en las administraciones estatales o municipales: la Comisión de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana. Las convocatorias fueron resultado de la aplicación a rajatabla de las leyes en la materia, que al no haber pasado por análisis serios, como comentaba, decían lo mismo prácticamente con puntos y comas, que las leyes federales.
¿Qué implicaciones tuvo este planteamiento para los procesos de selección de comisionados y consejeros en Coahuila? Básicamente, que los únicos candidatos que podrían más o menos cumplir con los perfiles señalados eran funcionarios públicos o personas que hubieran trabajado con o cerca de administraciones públicas en algún momento. En nuestro estado, significó que todos los comisionados y todos los consejeros tenían alguna relación, directa o indirecta, con los gobiernos a los que deberían estar observando, señalando y promoviendo que fueran investigados.
Algunos casos más evidentes que otros, pero esa realidad que sigue permeando en el corazón del sistema, comenzó a alimentar un profundo desencanto de las organizaciones y ciudadanos que en el principio veíamos en ésta una oportunidad de oro para comenzar a transformar las formas corruptas, anquilosadas en la mayoría de las instituciones estatales y municipales.
La primera convocatoria para integrar la Comisión de Selección del SEA registró casi cincuenta aspirantes, entre académicos, activistas, funcionarios y exfuncionarios, y otros ciudadanos interesados. Esta última convocatoria, que se declaró desierta en su primera expedición, registra diecinueve candidatos, entre los que se encuentran más funcionarios y actuales miembros de la misma comisión.
Mientras el Congreso se resista a revisar seriamente y con acompañamiento de la ciudadanía organizada las leyes anticorrupción en el estado, la legalidad seguirá siendo un pretexto y no una fortaleza para conformar un sistema capaz de enfrentar de manera legítima y decidida, también capaz, al fenómeno de corrupción generalizada y sistemática que sigue azotando a las finanzas públicas del estado. Y esto significa, recordemos siempre, falta de presupuesto suficiente para las necesidades más apremiantes de ciudadanas y ciudadanos, personas a las que falla rotundamente el Estado en garantizar sus derechos más básicos; salud, educación, servicios básicos. La corrupción sigue siendo, de fondo y más gravemente, una violación a nuestros derechos humanos.