SEA Coahuila: Sin Secretario Técnico ni voluntad
Por Patricia Vargas Bryan
Tras la renuncia el pasado día último de octubre del 2019 del Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción en Coahuila, Manuel Gil Navarro, actualmente continúa ocupado el cargo de manera interina por Mauricio Contreras Montoya, quien a su vez había sido candidato a ocupar ese cargo tras la renuncia de Marcela Castañeda, antecesora de Gil Navarro.
Le corresponde al CPC, órgano ciudadano cuya presidenta encabeza a su vez al Comité Coordinador de todo el Sistema, diseñar y lanzar una convocatoria para iniciar el proceso de selección de acuerdo a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila. Se dijo, al anuncio de la renuncia del Secretario, que sería cuestión de semanas para que estuviera lista la convocatoria. Los organismos que hemos observado la trocha conformación y el lento andar del Sistema, aún esperamos conocer esas bases.
Al Comité Coordinador, es decir, la mesa conformada por las siete instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en el gobierno de nuestro estado, le corresponde recibir una terna del CPC y tomar la decisión respecto a la o el candidato que evalúen como el mejor perfil para el puesto mencionado.
Esta demora para iniciar el proceso podría deberse a que el proceso para elegir diputados locales ya está en marcha y suelen aplazarse todas las designaciones para evitar sospechosismos electorales. Sin embargo, la Secretaría Técnica del SEA es un organismo “independiente del poder político”; más aún, el CPC, debe obedecer a una vocación cien por ciento ciudadana, lejana de los procesos partidistas.
De los poco más de veintiocho millones autorizados en el 2019 para la operación del SEA en Coahuila, la ciudadanía conocemos pocos o ningún resultado. De ellos, nada menos que veintidós millones se destinan al pago de sueldos y compensaciones, que en el caso de los cinco integrantes del CPC, rondan por los noventa mil mensuales. Detrás de este generoso pago, se argumentó que serviría para hacer de estos cinco los ciudadanos incorruptibles y capaces que el Sistema necesita para vigilar el cumplimiento de las instituciones y proponer políticas públicas que prevengan la corrupción en la entidad.
Brillan por su parsimonia también las y los diputados, que seguramente ocupan sus últimas semanas en terminar todos sus pendientes y entregar al final de la legislatura un mejor estado. Tampoco ellos, quienes deben vigilar y fiscalizar los recursos entregados por el estado, han solicitado al Sistema que se mueva para publicar la convocatoria. La única intervención efectiva que tuvo este Congreso en tema anticorrupción el año pasado, fue el aumento en los años de experiencia requeridos para aspirantes al CPC, de cinco a diez años en materia anticorrupción. Menudo favor le han hecho a la sociedad civil organizada, que difícilmente alcanza para comprobar que se ha trabajado específicamente en ese tema que es tan reciente en términos técnicos para los profesionales de nuestro estado.
La ciudadanía organizada y participativa seguiremos observando. En cada reunión, plática, taller o conferencia a la que se presenten funcionarios o consejeros, seguiremos preguntando y exigiendo resultados. Hemos construido redes por todo el estado que buscan fortalecer las capacidades de diálogo entre el gobierno y los ciudadanos. Nuestro llamado, desde PC29, es que cada quien que ocupe un cargo, haga lo que por ley le corresponde y a lo que moralmente está obligado.
Patricia Vargas Bryan
Consejera Participación Ciudadana 29 Laguna
Twitter: @patavargas