Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira
El Gobierno de México volcó a su embajada en España en apoyo del expresidente del PRI
La Procuradora General se interesó por el caso ante su homóloga española
Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, no ha estado solo durante los ocho días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española. El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, según una investigación de EL PAÍS.
La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del ex gobernador de Coahuila. Arely Gómez González, Procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira—sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz— la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.
Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto de Aldolfo Suárez (Madrid) cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona, la ciudad en la que se estableció a principios de 2013,después de su defenestración políticay de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el que pagaba 3.000 euros al mes.
El mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid. Se da la circunstancia de que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la embajada.
La misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional— el organismo que investiga los casos de terrorismo y crimen organizado— para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal(UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada les preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. El mutismo de los agentes españoles fue total, según aseguran fuentes policiales. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma una fuente española.
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