Opinión

Ley garrote de Coahuila se decretó y pasó de noche

Por Moisés Picazo Salazar

Cada vez la ciudadanía cree y confía menos en las diferentes instancias de gobierno tanto  a nivel municipal, estatal así como federal, pues han tratado de amordazar a la ciudadanía eliminando derechos humanos fundamentales,  llegando al extremo de legislar anticipadamente para llevar a cabo la represión de la sociedad.

Desgraciadamente o afortunadamente, se viralizó la “Ley Garrote” de Tabasco y eso nos abre la posibilidad para dar a conocer que Coahuila, con sus “leyes de avanzada”, no se queda atrás y también tiene su “ley garrote”.

El día 30 de noviembre de 2017, ciudadanos y asociaciones declararon día de luto nacional porque en Coahuila el derecho a la manifestación contemplado en la Constitución de la República fue restringido y penado, por no decir eliminado, y a la generalidad de los ciudadanos nos pasó de noche, estamos más preocupados en saber quién ganará el próximo partido de futbol. Y se vuelve por partida doble esta restricción, por un lado la reforma al Código Penal del Estado y por otro la nueva ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados (30 de noviembre de 2017) la cual va en contradicción a preceptos constitucionales y los tratados internaciones que México ha firmado.

En cuanto al Código penal de Coahuila, se establecen estas restricciones en el siguiente artículo y subsecuentes, de manera enunciativa se dan estos ejemplos:

Artículo 319  (Bloqueo de tránsito en vía pública o retención de vehículo de servicio público)          Se impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días de multa, o de seis meses a dos años de libertad supervisada y de cien a doscientos días multa, a quien:

(Bloqueo de vía pública)…

(Retención de vehículos de transporte de servicio público)…

Ya se tuvo aquí en Torreón el primer intento de aplicar estas normas cuando la policía trató de impedir una manifestación de mujeres, he aquí la nota del Siglo de Torreón del 26 de noviembre de 2017:

 “La tarde-noche del sábado se realizó la marcha anual de organizaciones feministas de La Laguna en conmemoración del 25 de noviembre, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Cuando el grupo de mujeres realizaba la marcha sobre la Morelos a la altura de la calle Galeana, fueron interceptadas por varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón para amenazarlas con detenerlas por interrumpir el tráfico. Los agentes como siempre «cumpliendo con su deber» les indicaron que marchar e interrumpir el tráfico era un delito y que solicitarían orden al Comandante Adelaido Flores para detenerlas. Algunas de las mujeres les indicaron que la marcha era pacífica y en caso de que las detuvieran, pues tendrían que detener a todos los que participan en las peregrinaciones. Finalmente, visiblemente molestos y después de hostigarlas los preventivos las dejaron continuar…”

Y citando a Jesús Cantú que en su momento escribió en su artículo “Legalizar lo aberrante e inoperante”:

«…Así el proyecto de ley legaliza lo aberrante, porque involucra a las Fuerzas Armadas en labores que le corresponden a las policías civiles, como son las acciones preventivas y la represión de protestas sociales….».

Al no garantizar la seguridad pública las diferentes instancias de gobierno, por su incapacidad, quieren que las fuerzas armadas lo hagan y ahora también con la guardia nacional integrada básicamente por militares.

Como se puede ver en Coahuila, ya es historia este tipo de represión “legalizada”, por lo tanto con estas “leyes” y el virtual golpe de estado que se trama en Baja California, los ciudadanos debemos exigir el respeto a los derechos humanos y defender también lo poco que hemos avanzado en democracia, que se gobierne a favor y no en contra de la ciudadanía y cumplan sus obligaciones en los tres instancias: municipal, estatal y federal.

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