Las organizaciones de la sociedad civil frente al Sistema Estatal Anticorrupción
Por Talía Romero
Para poner nuevamente en contexto el proceso en Coahuila, es necesario recordar que la creación de los sistemas locales anticorrupción tuvo su punto máximo de efervescencia en 2017, cuando vencían los plazos en las entidades para terminar de legislar y hacer las designaciones pertinentes en cada caso. El gobierno encabezado por Rubén Moreira contó con la complicidad de un congreso local a su merced para ignorar las propuestas que emanaron de las organizaciones de la sociedad civil del estado, en cuanto a temas muy puntuales de la normatividad y propuestas de candidatas y candidatos para ocupar los cargos que debían ser perfiles técnicos especializados, pero sobretodo autónomos e independientes del gobierno.
Así pues, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), hasta la fecha, sin uñas ni dientes para combatir eficazmente a la corrupción en nuestro estado. Prueba de ello son los pocos o nulos avances que pueden contarse en los casos más emblemáticos que golpean las finanzas de Coahuila: la megadeuda y empresas «fantasma», que aún no logran llegar a la mesa de discusión del Comité Coordinador del SEA.
Parte medular de la conformación del sistema es el CPC (Consejo de Participación Ciudadana), órgano que preside al comité coordinador a través del presidente del mismo consejo. Este organismo es integrado por cinco consejeros -idealmente ciudadanos sin compromisos políticos de ningún color- encargados de diseñar políticas públicas de prevención y combate a la corrupción. Durante el primer año de su funcionamiento, el CPC funcionó bajo la presidencia de Manuel Gil Navarro, quien este año sale de su encargo dejando una vacante que ya se encuentra convocada por la comisión de selección.
El año pasado las organizaciones reunidas como Alianza Anticorrupción Coahuila, de la que PC29 forma parte activa, propusimos y señalamos que los procesos de selección, tanto del comité de selección como del CPC, ocurrieron en absoluta oscuridad y resultaron en la designación de personajes plenamente identificados con el poder político en Coahuila, y en algunos casos, perfiles que ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos de trayectoria y experiencia técnica que las convocatorias pedían.
Si bien el funcionamiento óptimo del sistema no gira únicamente en torno a los procesos de designación, las organizaciones hemos manifestado que se trata de un aspecto medular para provocar que los demás temas puedan moverse con solvencia técnica y política.
En este sentido, la Alianza se reactiva este año para demandar del Congreso de Coahuila y la Comisión de Selección la garantía de un proceso transparente y auditable, en el que candidatos y sociedad civil contemos con información clara sobre la evaluación de los perfiles, tengamos acceso a rúbricas para conocer los criterios que se utilizaron para ponderar cada requisito de la convocatoria, e incluso sean transmitidas las sesiones de deliberación de las dos entidades.
Otro enemigo a vencer durante las convocatorias de 2018 y en el seguimiento a las actividades del SEA, es la apatía provocada, en buena medida, por el portazo a la participación ciudadana lanzado por el gobierno del estado durante la conformación e implementación del sistema. Ante este panorama, las organizaciones insistimos en compartir las convocatorias y alentar la inscripción de quienes consideren que reúnen los perfiles. Para que ello ocurra, es importante también retomar con mayor fuerza la tarea de compartir la información disponible sobre el sistema, sobre los casos que siguen siendo documentados de corrupción como conflictos de interés no resueltos, nepotismo, discrecionalidad en el asignación de recursos, empresas «fantasma», entre otros.
En la medida en que logremos aumentar la participación, iremos cerrando cada vez más los espacios para la toma de decisiones unilateral por parte de los grupos en el poder, y podremos también comenzar a incidir en la disminución de la prima hermana de la corrupción: la impunidad.
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