Legislativo RECHAZA elegir jueces y magistrados en Coahuila por concurso

Según el informe de seguimiento presentado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se rechazó incentivar que se designen a jueces y magistrados en Coahuila a través de concursos o exámenes de oposición, esto por la posición que tomó el poder Legislativo del Estado.

Esta recomendación, propuesta desde enero del 2018 por el Comité Coordinador del SNA tendría como fin: «coadyuvar a la consolidación de un Poder Judicial autónomo e independiente como forma de combatir la corrupción«

Esto es que, de seguir la recomendación, se legislaría para que el Poder Judicial tenga que pasar por un proceso de designación más transparente, el proceso sería un poco como un examen profesional o un procedimiento de selección en las empresas.

Los y las candidatas a jueces y magistrados en Coahuila concursarían demostrando sus aptitudes, conocimientos y propuestas para el puesto público en cuestión.

Según se lee en la recomendación no vinculante oficial, se busca: «Incentivar que la designación de Jueces y Magistrados se desarrolle a través de concursos o exámenes de oposición en los que se privilegia la aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia de las personas que aspiran a ocupar tales cargos, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación«.

Según el documento, la recomendación se fundamenta en el artículo 113, fracción III, inciso e), último párrafo Constitucional y en diversos párrafos más de la Ley General el Sistema Nacional Anticorrupción.

Dentro de la propuesta se aclara que los procedimientos de designación serían totalmente transparentes y públicos, por lo que abonaría a la ciudadanización de puestos claves para la sociedad en general.

En el informe de seguimiento que expuso el SNA el pasado octubre, especifica que la recomendación para mejorar las elecciones de jueces y magistrados en Coahuila fue entregada a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado.

El poder Ejecutivo dio una respuesta afirmativa para que esto se llevara acabo, mientras que el poder Legislativo la rechazó.

En este sentido, sólo 8 poderes ejecutivos de los estados de México aceptaron la recomendación y 21 la rechazaron. Por otro lado, igualmente 8 poderes legislativos de los estados dieron una respuesta afirmativa, pero 13 se negaron a tomar la recomendación.