Insisten en saber de investigación a HMV
ORGANISMOS SOCIALES ENVÍAN DOCUMENTO A LA PGR
Organismos de la sociedad Civil entregaron el pasado nueve de febrero, un documento a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, en donde exigen respuesta a varias interrogantes sobre el caso del exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira, quien obtuvo su libertad tras permanecer ocho días en una prisión española acusado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal.
Las organizaciones son Renacer Lagunero; Participación Ciudadana 29; Desarrollo de La Laguna; IPAC; Vecinos en Acción, Laguneros Unidos de Corazón y Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos.
Además, denuncian públicamente que de los 22 diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, varios de ellos fueron «premiados» y de otros tantos se desconoce su paradero.
Sobre los legisladores «premiados» señalaron el caso de Shamir Fernández, quien es diputado local y presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Torreón; Verónica Martínez diputada local y presidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor; Jaime Russek, ahora titular de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Torreón; Salvador Hernández, secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Contreras Pacheco, líder estatal del Partido Primero Coahuila.
Así como Salomón Juan Marcos Issa y Fernando de las Fuentes que recién terminaron su período como diputados federales, e Hilda Flores actual senadora de la República.
Por otra parte informaron que se recabaron 2,200 firmas físicas y más de mil 600 digitales a través de la plataforma Change.org de ciudadanos que como ellos exigen un juicio contra el exlíder nacional del PRI Humberto Moreira.
Detalles de la petición
Fragmento de la carta enviada a la PGR.
⇒ La gran interrogante es la del destino que se le dio a los 18 mil millones de pesos de acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, no han podido justificarse ni en obra pública, infraestructura, gasto corriente, servicios personales o en los ya de por sí muy pocos programas sociales que se impulsaron durante la administración de Humberto Moreira Valdés (2005-2011) y Jorge Torres López (2011).
⇒ La ilegalidad de los créditos solicitados con documentos apócrifos y sin la debida aprobación de endeudamiento por parte del Congreso Estatal ya ha quedado más que demostrada.
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