Evaluar a quienes nos gobiernan debería ser obligatorio

Por Alejandro Buendía

Evaluar constantemente a quienes nos gobiernan debería ser obligatorio. Poner en la cruz a quienes hacen un mal trabajo desde la función pública sería ideal. En México no estamos acostumbrados a determinar qué tan bien o qué tan mal hicieron su trabajo las y los funcionarios públicos. Por esta pasividad, los políticos gravitan en la comodidad, pese a lo que se pueda hablar, emprenden negocios, fortalecen cotos de poder, trafican influencias y trabajan en pro de sus familias, no de la comunidad.

El domingo pasado se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato. El ejercicio generó mucha polémica porque no nació de la ciudadanía, porque no fue un esfuerzo proveniente del pueblo sino de quien ostenta el poder, porque parecería un capricho solamente para medir su popularidad, pero la idea central de someter a consideración la continuidad de un funcionario por la calidad de su trabajo me parece acertada. Más allá de los desperfectos que tiene la ley y del momento en el que se realizará el ejercicio, sentar el precedente es importante para que, en momentos posteriores, la consulta se organice mejor, se empate con las elecciones intermedias y se pueda poner a consideración la continuidad del presidente tras terminar la mitad de su sexenio.

En Coahuila, por ejemplo, hubiera sido ideal poner a consideración de la ciudadanía las gestiones de Humberto y Rubén Moreira y del propio Miguel Riquelme. Hubiera sido ideal cuestionar desde las urnas a Jorge Zermeño por su cacería furtiva en contra de los ciudadanos o a Eduardo Olmos por el descuido y la intransigencia con la que gobernó Torreón.

La revocación de mandato es, básicamente, una herramienta más que podría fortalecer la participación ciudadana. Vincular a la ciudadanía con las decisiones de gobierno es una línea que en México no se ha dado. Quizá, en un futuro, pudiera ser más fácil organizar una consulta para someter a consideración de la población la construcción de una obra o para establecer alguna prioridad en materia de servicios públicos o para evitar que se instale una empresa cerca de una comunidad o para cualquier otra situación de interés público.

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Más allá de las filias y las fobias; de los militantes y los adversarios; la consulta popular sí representa una oportunidad de hacer valer el sentimiento ciudadano hacia un gobierno. El resultado no fue vinculante, pero espero que, de aquí para adelante, esta herramienta se perfeccione y llegue para quedarse. Los ciudadanos necesitamos opciones para poder cambiar el rumbo de municipios o estados o del propio país en caso de que sea necesario.