El primer acto de corrupción

Por Patricia Vargas Bryan

Ya sea que le atendamos desde un enfoque sistémico, o considerándole un problema cultural, la corrupción implica siempre una oportunidad y, por lo menos, una decisión en contra de los códigos éticos vigentes en el contexto, o fuera de la legalidad.

Las oportunidades para cometer un acto en beneficio personal (o colectivo) a costa de los intereses de la comunidad pueden presentarse de manera esporádica, o ser parte de una estructura (a lo que hemos llamado redes de corrupción) que orquesta operaciones implicando acciones o complicidad de funcionarios en diferentes niveles de influencia al interior, o incluso complejas redes de coordinación interinstitucional.

Cuando vemos la proporción del presupuesto municipal, estatal y seguramente federal que es destinado a cubrir el pago de nóminas (aún bajo supuestos esquemas de austeridad) entendemos que uno de los mayores beneficios que una administración puede ofrecer a cambio de prebendas, favores, apoyos en campañas electorales o afiliaciones partidarias, es la promesa de un cargo público –sin interesar que el perfil del sujeto corresponda a las necesidades del cargo-. Esa promesa y su cumplimiento, como ya se ha advertido en muchas ocasiones, constituye el primer acto de corrupción: tanto ofrecer el puesto, como aceptarlo sabiéndose incapaz de cumplir con el encargo.

Todas y todos conocemos los casos. A diario vivimos las consecuencias y escuchamos las evidencias de la inexistencia de procesos profesionales de selección y reclutamiento de la burocracia (en todos sus niveles) en México. En las instituciones educativas, en las de salud, en direcciones y secretarías, en el sistema judicial, en los congresos, alcaldías, en todos o cualquier cargo.

Los currículum de cualquier funcionario público deben de ser fácilmente localizables en páginas de información de los gobiernos. Hagamos el ejercicio de revisar algunos cuantos. Un paso más allá: solicitemos a las dependencias la descripción del puesto que desempeñan nuestros sujetos de estudio para comparar la experiencia y conocimientos descritos por el empleado y las exigencias del cargo. La mayoría, lamentablemente, ni siquiera cuentan con el desarrollo de esas herramientas detalladas; y en algunos casos se trata de puestos inventados por la administración u organigramas modificados a voluntad sólo para cumplir con el trato.

El servicio profesional de carrera ha sido una propuesta clara y viable de la sociedad civil para contrarrestar un fenómeno que no cuesta sólo pesos y centavos, sino vidas en todos los estados. A medida que avanzan estas propuestas y otras mayor grado de complejidad desde su planteamiento y para su aplicación, supondríamos que las administraciones irían transformando (o por lo menos sofisticando) las prácticas que en otro momento podían hacerse con total descaro.

Lamentablemente el ritmo de las demandas  ciudadanas  no coincide con el de la comprensión de nuestra clase política. Así, por absurdo que parezca, los partidos se siguen dando el lujo de proponer a candidatos como Sergio Mayer; los gobernadores se llevan a sus protegidos y aliados, sin el menor reparo, hasta el mismísimo poder judicial y les hacen magistrados; así hay alcaldes que protegen a directores déspotas, acusados incluso de acoso sexual y de conducir en estado de ebriedad cuando su encargo es precisamente poner orden en las vialidades.