Cuestionan legalidad de crédito para pagos

Tras cinco meses sin actividad alguna, los integrantes de la Comisión Especial de Análisis del Impacto de la Deuda contraída durante la pasada Administración Estatal, finalmente sesionaron y se reunieron con José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila.

La controversia surgió cuando se cuestionó el apego a la legalidad en la adquisición del crédito de 2 mil 500 millones de pesos para pago a proveedores.

Lo anterior, considerando que Plata Sandoval presentó una actualización a los miembros de la citada comisión sobre las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera que aprobó el Congreso Federal; que determina que la adquisición de una deuda será solo para su aplicación en inversión productiva y/o para la reestructuración de una deuda ya existente y que se compruebe que se mejoren las condiciones.

“Entre las restricciones que se están estableciendo en esta reforma constitucional esta la obligación de que la deuda que pueda contratarse nunca vaya a ser o nunca este justificada en términos de gasto corriente. No puede contratarse deuda para poder solventar gasto corriente de una administración; en todo caso las deudas contraídas tendrán que estar destinadas específicamente para inversiones productivas”, comentó Lariza Montiel, diputada local por el Partido Acción Nacional e integrante de la mencionada comisión.

Considerando lo anterior, solicitarán a la Secretaría de Finanzas la información en que constan los términos de la reestructura recientemente contraída en el Estado de Coahuila, para solicitarle a la Auditoria Superior del Estado que verifique si estas condiciones bancarias se apegaron a los términos constitucionales mencionados.

“El tema que también es muy cuestionable a nuestra consideración es la contratación de los dos mil 500 millones de pesos que autorizó la legislatura pasada para el pago de pasivos; es decir de la deuda a los proveedores que se viene comentando públicamente existe a cargo del Gobierno del Estado. Porque precisamente estos pasivos nosotros consideramos que se puede encuadrar en el gasto corriente del Estado, esto no puede considerarse como inversión productiva y por lo tanto su contratación una vez que se publico al reforma constitucional en el mes de mayo, pues ya queda fuera de las especificaciones que constitucionalmente se previeron como obligación para los Estados”, precisó la legisladora local.

Lariza Montiel detalló que Plata Sandoval les dio a conocer que conforme a la reforma constitucional mencionada, existe la obligación de la presentación y publicación de una auditoría sobre las obligaciones de deuda que tiene el Estado, que deber concretarse el 25 de agosto próximo.

(ver nota completa en El Siglo de Torreón)