Coahuila: Participación ciudadana y participación electoral
Por Patricia Vargas Bryan
En las últimas publicaciones de PC29 hemos insistido en señalar los altos costos que han tenido los procesos electorales en Coahuila. Tan sólo entre 2009 y 2017 hubo cinco procesos locales, que en total sumaron $1,304 millones de pesos, entre el financiamiento a los partidos y el gasto ordinario del IEC, según datos del propio instituto publicados por el Observatorio de La Laguna. Sumando los años en los que no se celebraron elecciones locales, el gasto del IEC y los partidos asciende a $1,700 millones en ese periodo, en un estado estancado económicamente a razón de una deuda ilegal e impagable.
Los pesos y centavos destinados al ejercicio electoral no estarían en tela de juicio si el propio IEC no arrastrara con una serie de procesos ampliamente cuestionables y señalados por la ciudadanía. El costo para los contribuyentes de mantener partidos millonarios es otro factor que, sumado a la percepción del mal desempeño de administraciones municipales y estatales en casi todos los municipios, han desincentivado la participación de los votantes en las urnas de Coahuila.
En el 2015, la baja participación en las urnas colocó a Coahuila entre los diez estados con menor participación electoral a nivel nacional, con una tasa de abstención del 53-55%, marcando un récord de menor participación en los últimos 23 años.
Aunque el IEC actualmente promueve la votación a través de herramientas electrónicas, y este ejercicio pudiera representar una baja considerable en los costos de la operación el día de las elecciones, la preocupación de este grupo de ciudadanos es que se esperan ocho elecciones en los siguientes diez años, y el Instituto ha hecho poco o nada para promover la participación ciudadana de manera sustantiva.
Al margen de la aprobación de nuevos partidos de dudosa procedencia, el gasto desmedido para su financiamiento y la falta de legitimidad en los últimos procesos para designar consejeros del IEC, desde PC29 sumamos voces a las propuestas que han surgido desde diferentes espacios en la política local: reducir el gasto en materia electoral homologando fechas para los procesos, haciendo ajustes en el marco constitucional permitido en los periodos de alcaldías y congreso.
Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que la mejor forma de construir ciudadanía y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, es la participación de todas y todos, no sólo en los procesos electorales, sino en la vida pública de todos los días. Asumimos un deber cívico como organismo social para comunicar los detalles de la administración pública y la gestión de nuestros servidores para ayudar en la conformación de criterios que nos permitan decidir por quiénes y cómo exigimos ser representados, más allá de filias partidistas, de acuerdo a los resultados que hayan demostrado.
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