Fraudes morales avalados por leyes electorales

Por Patricia Vargas Bryan

La legalidad no es una medida inequívoca de justicia o de moralidad. Así circulan ejemplos en redes sociales sobre las acciones más atroces que han sido posibles en la historia de la humanidad bajo el amparo de las leyes vigentes en el momento: el holocausto, la esclavitud, la segregación racial, etc…

Las leyes en nuestro país no escapan a esta contradicción moral, y un ejemplo está sucediendo en esta temporada de destapes y postulaciones para contender en el proceso electoral que se aproxima. Las leyes electorales locales y federales prevén la posibilidad de que un servidor público en funciones presente una solicitud de licencia definitiva o determinada para contender por otro cargo de elección popular; sin embargo, moralmente, estas licencias son percibidas por la ciudadanía como una especie de fraude a la voluntad expresada en las urnas en procesos anteriores, como el caso del actual presidente municipal en Torreón, quien el día de ayer (jueves 18 de febrero) le fue aprobada en la sesión de cabildo dicha licencia para contender por su partido en las elecciones para diputado federal.

Hace apenas unos meses ocurrió también que el diputado electo Shamir Fernández, del PRI en Coahuila, solicitó también licencia a tan solo cinco días de asumir su cargo como diputado local, para contender por su partido para la diputación federal. En la misma sesión del Congreso local, Vanessa Flores Guerra también fue autorizada por sus pares para jugar el mismo juego de las sillas y aspirar por una en el Congreso de la Unión.

Las leyes electorales y de la Función Pública de nuestro país y sus estados, también permiten a esos diputados cambiar de asiento político una vez que han tomado posesión de su cargo. No son pocos los casos como el de José Ángel Pérez, actual aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Torreón, que llegan a un cargo de elección popular bajo el cobijo de un partido y una vez en la curul deciden representar a otro. Lilly Téllez protagonizó también en 2020 una de estas polémicas “chapulineadas” cuando pasó de la bancada morenista a las filas del PAN tras importantes desacuerdos con el partido que la llevó al servicio público.

Revisar las leyes electorales, sin la intención de negar o limitar derechos políticos, es una tarea a la que pocos o quizá ningún partido esté dispuesto a entrarle. Pero sin duda es una gran deuda con una sociedad que participa cada vez menos en las urnas, especialmente en procesos locales. ¿Qué resultados puede ofrecer un diputado que ejerció cinco días su cargo? ¿Qué pendientes deja un alcalde con la ciudadanía cuando las promesas y expectativas eran tan grandes? ¿Cómo han planteado los partidos solucionar esta crisis de credibilidad frente a la sociedad cuando siguen postulando celebridades o francamente puro material de reciclaje?

Participar desde la ciudadanía debe dejar de percibirse como un momento preciso en el transcurso de los procesos electorales. La ciudadanía debe y puede subir temas de interés público a la agenda partidista; sobre todo, debemos exigir que el compromiso que asumen las y los funcionarios electos, sea cumplido, por lo menos, en forma y tiempo.

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