Convenitis

Por Patricia Vargas Bryan

Porque consume fuertes sumas del erario, y porque ya nos habíamos puesto de acuerdo en que la corrupción es un freno para el desarrollo y el enemigo número uno a vencer en México, vale todos los esfuerzos seguir cuestionando, evaluando y proponiendo rutas para el fortalecimiento del Sistema Anticorrupción (nacional y estatales), o generando nuevas vías organizadas para el combate.

El diseño que opera a nivel federal y en cada estado, básicamente se repite bajo un esquema de supuesta coordinación entre las instituciones judiciales, administrativas y garantes, presidido por un miembro del consejo de participación ciudadana. El objetivo, aunque a la ciudadanía nos parecería claro y sencillo, en la realidad parece no mantener relación alguna con las acciones más visibles de este Sistema.

Hemos sido convocados, los organismos de la sociedad civil locales e internacionales, a un buen número de foros, reuniones, consultas y talleres. A las universidades y colegios de profesionistas se les ha sumado también en las fotos del CPC. En mayor o medida, los actores privados y sociales de Coahuila hemos sido invitados para adornar un elefante blanco que, hasta el día de hoy, no ha entregado un solo resultado contundente para legitimar los ríos de dinero que corren por las venas de la Secretaría Ejecutiva.

Y para cubrir la necesidad de justificar el dispendio, la herramienta más socorrida del Sistema ha sido la firma de convenios.  Convenios por aquí y por allá que contienen las más bellas intenciones. Convenios que apuestan a las buenas voluntades para terminar con un mal endémico. En la trayectoria política de los flamantes exfuncionarios mexicanos que encabezan titulares y fichajes de Interpol en estos días, ¿cuántos de esos convenios podremos encontrar firmados por ellos, ante notario y ante la Santísima Vírgen y sus propias madrecitas?

Insistir en el desmantelamiento de redes de corrupción, que no es necedad sino la exigencia de resultados puntuales, por supuesto que debe ir acompañado de propuestas para prevenir la incidencia, para tratar de transformar y participar en la construcción de comunidades que adopten nuevos códigos de ética. Pero no puede, señores del SEA, volverse este planteamiento el único objetivo del sistema que ustedes encabezan. Sin un impacto contundente para bajar  los índices de impunidad en casos de corrupción, podremos seguir firmando convenios con quien sea, pero los corruptos no verán mermadas sus redes ni vulnerados sus intereses, seguirán tan campantes como siempre, generando cadenas de valor.

Nota al pie. Sobre la próxima convocatoria al CPC

Las OSC de los estados hemos expresado en diferentes momentos y espacios una inconformidad generalizada con la manera en que bajaron a cada uno los términos y disposiciones que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción. Especialmente en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), debemos partir de la experiencia y la realidad de cada entidad para el diseño de convocatorias y reglamentos de la Comisión de Selección. Me parece absurdo, entonces, que el Congreso de Coahuila haya avalado modificar el requisito de 5 a 10 años mínimos de experiencia para las siguientes designaciones de integrantes del CPC. 

Esta reforma, propuesta por Marcelo Torres en 2018, abre aún más ancha la puerta para que quienes sigan entrando al Sistema sean funcionarias y exfuncionarios que, con la suficiente dosis de retórica, calcen su experiencia gubernamental en zapatos de combate a la corrupción. Si el argumento para haber hecho tal modificación se basa únicamente en la necesidad de estar en concordancia con el Sistema Nacional, esperamos que este año sí tenga eco la propuesta de designar a un nuevo miembro en el CPC con base única y exclusivamente en los resultados de evaluación técnica, puestos en números en la rúbrica de evaluación, y ya dejen de estar citando a todas las cortes para reclamar su preciado derecho a la discrecionalidad en la toma de decisión.

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