De prioridades se trata

Por María De los Ángeles Ordoñez

“Haga obras, Compadre, no se comprometa llevándose el dinero del presupuesto.

Frase muy socorrida en los tiempos del Alazán Tostado Gonzalo N. Santos.

 

Reiterar que la principal obligación del gobierno, en nombre del Estado mexicano es garantizar a sus habitantes buena calidad de vida, no es ocioso, aunque parezca que a veces y de manera reiterada, los gobernantes no tienen interés en ello.

Sabido es que se han venido dando una serie de acontecimientos que empiezan a darle color y perfil a lo que será 2019 y años posteriores, en cuanto a planes y proyectos públicos de gobierno, que van desde lo deseable, pasando por lo necesario, caprichoso y políticamente capitalizable, hasta lo que puede significarle al gobernante en su calidad de tomador de decisiones, beneficios específicos y personales.

En esta ocasión abordaré lo que en el plano de lo federal es el tema de la búsqueda de ahorro en aras de la austeridad en el gobierno, y lo que significará como efecto natural en los ámbitos estatal y municipal. Reducir en 50% el presupuesto de difusión y comunicación del gobierno sería sin lugar a dudas un enorme ahorro, baste a manera de ejemplo recordar lo que en Coahuila se gastó durante el primer año de gobierno del primer Moreira, cerca de 2 millones de pesos diarios.

Es posible que algún amable lector recuerde las planas completas que aparecían todos los días en los diarios de la entidad anunciando lo que se iba a hacer, posicionando la frase que permitiría al gobierno ser identificado durante todo el período.

Si en el presupuesto de 2019 aparece efectivamente esta reducción, tendrá algunas implicaciones inmediatas, a saber: la lucha entre los medios electrónicos e impresos por conseguir contratos con el gobierno, donde los que ganen se plieguen editorialmente a las líneas del gobierno, y los que pierdan, inicien el camino de la reconstrucción a partir del referente de calidad para el público, o simplemente esperar el fin.

Sin embargo, dicha reducción presupuestaria no será suficiente si no se modifica la estructura del presupuesto en relación a las Partidas Específicas que sirven para identificar y fijar el dinero que se asigne para ese propósito. Mantener la misma estructura sin cambiar los conceptos deja la puerta abierta para que el gobierno en turno siga la misma práctica que el anterior.

Por ello vale la pena rescatar para conocimiento del amable lector, que en su origen esta partida se definía como gasto “para difundir la obra de gobierno”, hablamos de los años 50 del siglo pasado y que con el tiempo se le agregaron dos conceptos: publicidad, como si el gobierno fuera un vendedor más, y propaganda, que implica una enorme carga ideológica. Por esto considero que la sola reducción de este gasto no garantiza cambio sustancial en lo que debe producir.

Parece que en el caso del gobierno de Torreón, por la inserción pagada que aparece en el Siglo de Torreón el día 25 de julio pasado, página 2A, se recupera la forma original de este gasto, que viene siendo la de difundir la obra de gobierno, donde también se nota la austeridad por cómo se presenta la información de lo realizado. En contraste evidente con los despliegues permanentes de los gobiernos estatales de Durango y Coahuila – que han aparecido en este mismo diario- donde se privilegian la foto del gobernador en un determinado acto, dando a entender que sólo con su presencia lo anunciado y sus efectos son posibles.

Calidad de bienes y servicios es lo que todos queremos de la acción de gobierno, pero parece que en Coahuila, el gobernador tiene una forma distinta de entender esta necesidad; $1,500 millones de pesos para dos centros de gobierno “inteligentes”, uno para Saltillo y el otro para Torreón, construirlos o rentarlos para modernizar la administración pública que implica más personal, mobiliario, equipo y todo tipo de enseres propios para tareas administrativas. En pocas palabras, más dinero para mantener y acrecentar la pesada burocracia.

Pero no queda ahí, amable lector, quieren otro crédito por esos 1500 mdp no para mejorar el abasto de agua, la infraestructura urbana, los servicios de alumbrado y calidad de parques públicos, mejorar el abasto de medicamentos y los servicios médicos (sólo hay que ver en qué condiciones están los trabajadores de la educación en este rubro), es decir, mejorar la calidad de vida de los coahuilenses, ¡no! el dinero es para mejorar y hacer más rápidas las operaciones de los registros públicos y civiles, las oficinas de catastro, las de recaudación de rentas, y las de transporte, ¿qué tienen en común estas oficinas? que son recaudadoras de dinero, que no se usa precisamente para tener calidad en bienes y servicios proporcionados por el gobierno, sino para mantener el aparato burocrático y darle sentido personal a la obra pública.

Me parece que es contundente la frase que Miguel Riquelme hace sobre el propósito de esta inversión (El Siglo de Torreón página 1ª del pasado 25 de julio), …”se tienen sistemas de financiamiento disponibles por parte de las mismas empresas encargadas de brindar el servicio (de software) y que prácticamente le ponen alfombra roja a los ciudadanos…”; no puede ser más cínica la burla.

En el Cajón. Se hace necesario que nos interesemos sobre los asuntos públicos de gobierno, si no queremos ser testigos -otra vez- de la oportunidad perdida de dar el salto a la transición política. Debemos involucrarnos y participar en los asuntos de interés general para dejar de ser espectadores y convertirnos en actores de lo que está por venir.

Exijo otra vez al alcalde Jorge Zermeño nos rinda cuentas sobre la situación en que recibió la ciudad, la administración pública de Torreón y el Simas; no nos basta ver cómo está la ciudad, queremos saber quién la dejó así.

Texto publicado en nuestra columna semanal del periódico “El Siglo de Torreón”.

Facebook: Participación ciudadana 29

Twitter: @pc29laguna

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