Coahuila el mejor evaluado en Transparencia

Reformas locales no trajeron transparencia: 50% de estados reprueba Índice de Fundar

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Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– El 50 por ciento de las leyes estatales están reprobadas y tienen grandes rezagos en materia de transparencia a pesar de que han sido reformadas en los últimos años, de acuerdo con los resultados de 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que realiza la organización Fundar.

Este lunes 4 de mayo se promulga la Ley General de Transparencia (LGT). Las entidades federativas y la federación tienen hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir hasta mayo de 2016. Por ello, Fundar mencionó que el mayor reto de esta Ley en Transparencia está en las entidades federativas.

“Para lograr que esta reforma permee hasta los estados se tienen que reformar las 33 leyes de transparencia con base en los criterios de la Ley General de Transparencia y asegurar su adecuada implementación”, informó Fundar al tiempo que presentó los resultados del IDAIM.

De acuerdo con los resultados del Índice, la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas, aunque lo que es más preocupante para Fundar es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia.

Dijo que en el caso de las mejores leyes que fueron aprobadas están la del Distrito Federal y la de Coahuila, esta última, la mejor evaluada. En contraparte, se informó que los peores evaluados fueron Hidalgo, Baja California Sur, Yucatán, Querétaro y Campeche.

La lista de las entidades que fueron reprobadas está complementada por Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California y Michoacán.

Según el IDAIM 2015, a la fecha sólo nueve leyes estatales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. “Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país”, refirió.

(ver nota completa en Sin Embargo)

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